En la república de Absurdistán

Ayer hice un pequeño viaje hasta la república naranjera de Absurdistán. Viajar a este pequeño y desconocido país es fácil: no hace falta pasaporte, ni documentación, ni transporte ni alojamiento. En realidad, se puede viajar allí en cualquier momento sin necesidad de salir de casa., solo hay que coger el tren de la imaginación.

Fui hasta allí para informarme de la posibilidad de comenzar un negocio en el país. Para eso necesitaba contratar a cuatro directivos y cincuenta peones, por lo que me dirigí al servicio de colocación local. Allí me informaron de que no habría ningún problema con respecto a los cincuenta peones, podía contratar a los que quisiera, pagarles el salario mínimo, y despedirlos en cualquier momento sin consecuencias. Pero los directivos eran otra cosa.

Resulta que, según las leyes del país, para contratar a las cuatro personas que habrían de dirigir mi negocio debía dirigirme a unas empresas especializadas. Aunque había muchas, acudí solamente a las dos más importantes, Pesóle y Pipí. En Pesóle me ofrecieron una lista de cuatro candidatos: Adela, Blas, Carlos y Diana. Tras algunas averiguaciones, resultó que Carlos no tenía ninguna cualificación y Diana estaba acusada de haber robado en su empresa anterior. Naturalmente dije que solo me interesaba contratar a Adela y Blas.

- No puede ser, -dijo el empleado- tiene usted que contratarlos a los cuatro o a ninguno.

Naturalmente me dirigí entonces a Pipí. Igualmente me ofrecieron una lista de cuatro candidatos, de los que solo dos me convencían. Expliqué que si había venido a Pipí era porque me habían puesto la misma pega en Pesóle, y que si tampoco me daban más opciones me iría a Ihú, la tercera empresa especializada.

- No se moleste, -dijo displicente el empelado- tampoco le darán más opciones. Es así por ley.

Esto me pareció tan extraño que decidí consultar con un abogado laboralista. Pensaba sinceramente que me estaban tomando el pelo, no podía ser.

- No le toman el pelo, -dijo el abogado- para el personal directivo la ley le obliga a contratar en bloque a todos los candidatos de una empresa intermediaria.

- Bueno, -pensé en voz alta- entonces contrato una lista y a los que no me convenzan los despido.

- No puede -dijo el abogado moviendo enérgicamente la cabeza a un lado y otro- una vez contratados la ley le obliga a mantenerlos en la empresa durante cuatro años.

- ¿Aunque dirijan mal la empresa?

- Aunque la lleven a la ruina.

- Y si no les renuevo a los cuatro años ¿tendré que pagarles alguna indemnización?

- Tendrá que pagarles una pensión vitalicia.

A estas alturas ya me estaba pareciendo que no valdría la pena abrir el negocio en Absurdistán, pero todavía insistí un poco más.

- ¿Podría usted facilitarme unas tablas salariales de referencia para saber cuánto tendría que pagarles?

Esta vez el sorprendido fue el abogado. Imposible describir su cara de perplejidad.

- ¿Tablas salariales? -preguntó- ¡El sueldo se lo pondrán ellos mismos después de que los haya contratado!

No insistí más y abandoné inmediatamente Absurdistán. ¡Qué país de opereta! ¡Pobres absurdistaníes! Menos mal que yo tengo la suerte de vivir en un país avanzado, justo y democrático donde tales cosas nunca podría ocurrir.

Sobre los funcionarios

Los medios de comunicación se han hecho eco estos días de la destitución de la Jefa de la Inspección Provincial de Trabajo de Toledo, Noelia Cano Martínez, a petición del Delegado del Gobierno en la Comunidad, Jesús Labrador. Esto ha provocado la protesta de la plantilla de subinspectores que, según parece, han remitido al Ministerio de Trabajo un escrito donde afirman que la destitución obedece a razones políticas por haber expedientado la señora Cano a una empresa propiedad de un pariente cercano de un alto cargo del Partido Popular. A esto a contestado el señor Labrador que es un puesto de libre designación y por lo tanto "está clara la cuestión".

Esto me da pie para hablar del tema de la estabilidad en el empleo de los funcionarios. Porque efectivamente la cuestión  está clara, lo que no lo está es por qué una jefatura provincial de la Inspección de Trabajo es de libre designación. Estamos demasiado acostumbrados a pensar en los funcionarios públicos como unos privilegiados a los que no se puede despedir y por ello no dan un palo al agua. El célebre artículo de Mariano José de Larra "Vuelva usted mañana" está muy arraigado en nuestra cultura.

Hagamos primero una observación que no creo menor. No es cierto que a los funcionarios no se les pueda despedir. Existe un régimen disciplinario con su correspondiente previsión de faltas y sanciones, que pueden ir de la simple amonestación a la separación del servicio, equivalente del despido en la administración. Que este régimen se aplique o no con el debido rigor es cuestión aparte. El hecho es que a los funcionarios sí se les puede despedir, pero no sin una causa justificada. Mi humilde opinión es que, lejos de pedir que se retire esta seguridad a los funcionarios, deberíamos exigir que la tenga todo el mundo.

Por otra parte, la estabilidad de que disfrutan los funcionarios no es un privilegio. Y no lo es en dos sentidos. Primero porque un privilegio, por definición, es una excepción o un beneficio que se concede a alguien en razón de sus circunstancias personales y que a los demás les está vedado. A la función  pública se accede mediante libre oposición a la que todo el mundo puede concurrir en igualdad de condiciones. No hay por tanto tal privilegio.

Hay además otra razón, que es el motivo de esta entrada, por la que no debemos entender la estabilidad de los funcionarios como un privilegio, y es que no se estableció caprichosamente sino como una garantía para los ciudadanos. Una garantía de independencia frente al poder político. Cuando esta garantía no existía, cada cambio de gobierno significaba la destitución de los funcionarios contratados por el anterior, los tristemente famosos "cesantes", y la contratación de otros amigos o afines al nuevo poder. En consecuencia, el empleado tenía muchísimo más interés en servir y mantener en el poder a quien le contrataba y podía despedir que en servir al ciudadano. Para entender a dónde conducía esto no es mala idea releer el célebre artículo de Larra o la excelente novela "Miau" de Benito Pérez Galdós.

El mejor antídoto para que aquello no se repita es precisamente que el empleado público tenga la seguridad de no poder ser cesado si hace su trabajo correctamente y no ha cometido ninguna falta. En otras palabras, que sea independiente del poder político y no pueda ser despedido por no someterse a él y servir al ciudadano. Los puestos de libre designación, los popularmente llamados "a dedo", también tienen su razón de existir pero deberían limitarse estrictamente a lo que realmente son puestos "de confianza" y regularse cuidadosamente. De lo contrario ocurre lo que viene ocurriendo desde hace años, que se usa y abusa de este sistema y que estos puestos proliferan como la mala hierba porque el funcionario independiente estorba al político.

Lo que me lleva a la pregunta que hice antes. ¿Está justificado que una jefatura provincial de la Inspección de Trabajo sea de libre designación? Yo creo que no. Al contrario, creo que es un magnífico ejemplo del tipo de puesto que jamás debería proveerse por este sistema. Y por eso me preocupa que tanta gente clame por que se pueda despedir libremente a los funcionarios en aras de una supuesta eficiencia (tema éste para otra entrada). Porque eso nos puede devolver a los tiempos de Larra y a que casos como el de Toledo se conviertan en la norma cotidiana.

Le doy pues la razón a don Jesús Labrador. La cuestión está meridianamente clara.